La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha acusado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de retrasar injustificadamente la resolución de dos amparos que involucran a Ricardo Salinas Pliego, considerado el mayor deudor fiscal de México. Según la carta enviada por el Gobierno a la Ministra Presidenta, Norma Piña, esta demora equivale a una «ilegal protección» a las prácticas de defraudación fiscal del empresario.
Los créditos fiscales de Salinas Pliego ascienden a 67 mil 177 millones de pesos, cifra que se eleva a 73 mil 682 millones de pesos con las actualizaciones correspondientes. Estos créditos han sido objeto de litigios desde hace más de una década, sin que se haya logrado una resolución definitiva. El Gobierno federal alega que la dilación en la tramitación de los amparos, presentados en julio de 2024, impide que el Estado recupere 35 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó recientemente que la SCJN haya detenido el avance de estos casos, subrayando la importancia de una resolución expedita para evitar la impunidad en temas fiscales. La carta enviada a Norma Piña menciona que la demora en resolver estos asuntos viola el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a una justicia pronta y expedita.
La situación se agrava por la reciente acusación de la firma Astor Asset Management contra Salinas Pliego por incumplir un préstamo de 110 millones de dólares, lo que implica una violación significativa de un Acuerdo de Préstamo de Valores (SLA) y de las regulaciones mexicanas. Esta denuncia se suma a la larga lista de problemas legales que enfrenta el magnate, quien también ha sido amparado por la SCJN para evitar el pago de 645 millones de pesos en impuestos.
El conflicto entre el Gobierno y el empresario ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional, dada la magnitud de los recursos en juego y las implicaciones para el sistema judicial mexicano. Mientras tanto, la administración de López Obrador sigue presionando para que se resuelvan los casos pendientes y se fortalezca la rendición de cuentas en el país.