Durante una rueda de prensa con Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal electo del distrito 6, y la dirigente juvenil Abigail Nolasco, se discutieron temas cruciales como la crisis habitacional para jóvenes y la represión policial en Veracruz.
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Nolasco resaltó que los jóvenes de entre 18 y 35 años enfrentan un mercado inmobiliario costoso y de baja calidad. «El precio promedio de una vivienda en Puebla con dos cuartos, un baño, sala, cocina y comedor es de un millón 600 mil pesos», explicó. Añadió que con el salario mínimo en Puebla, un trabajador necesitaría 20 años para pagar una vivienda, dedicando todo su ingreso a ello.
Por su parte, Alejandro Carvajal manifestó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se impulsará un paquete de reformas importantes para facilitar el acceso a viviendas dignas para los jóvenes.
En otro tema, el diputado suplente Fredy Rodríguez Guzmán expresó su inconformidad por la represión policial en Veracruz contra campesinos poblanos, que resultó en la muerte de dos personas. «Las granjas porcinas, avícolas y de agricultura acaparan tierras de cultivo y pozos de agua, y realizan prácticas nocivas como el bombardeo de nubes y la contaminación de ríos», denunció.
Carvajal informó que presentará un Punto de Acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen la represión, así como para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) investigue a Granjas Carroll por presuntos delitos ambientales.
Además, el legislador explicó los detalles del Diálogo Nacional por la Reforma al Poder Judicial, destacando que el método de selección de los ministros de la judicatura es el aspecto más polémico, ya que se propone que sean electos por voto popular. Carvajal aseguró que esta reforma no vulnerará los derechos de los trabajadores, pues será un proceso transitorio y gradual.
En relación con la clausura de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 33, Carvajal calificó esta acción como una arbitrariedad que vulnera el acceso a la justicia de más de 10 mil personas con intereses jurídicos en esta institución. «Presentaré un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para instar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México a instalar una mesa de diálogo entre abogados, clientes y autoridades jurisdiccionales para garantizar certeza legal a los involucrados», concluyó.