En rueda de prensa, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal electo del distrito 6, y los activistas sociales Julián Romero y Mireya Tepox presentaron una denuncia contra el gobierno municipal de San Pedro Cholula por suministrar agua de calidad no apta para consumo humano, según un dictamen técnico. Los activistas señalaron que hay una sobreexplotación y tráfico ilegal de agua en la zona metropolitana de Puebla, lo que ha dejado en escasez a los habitantes de Cholula.
Romero y Tepox destacaron que el problema del agua en Cholula es grave, afectando tanto la salud de los residentes como su calidad de vida. «La situación es insostenible y requiere una acción inmediata por parte de las autoridades municipales y estatales», afirmó Tepox.
En otro tema, los abogados litigantes, encabezados por Maricela Sánchez y Leiveisen Martínez, rechazaron el decreto que extingue la Junta Federal 33 de Conciliación y Arbitraje. Los abogados argumentaron que esta medida es arbitraria y contraria a derecho, ya que afecta los intereses legales de más de 10 mil asuntos que están pendientes de resolución.
Sánchez y Martínez señalaron que remitir estos expedientes a las ciudades de Oaxaca y Tlaxcala encarece el servicio jurídico, haciendo que muchos ciudadanos no puedan costear la defensa de sus derechos. «Es una medida que afecta directamente a los más vulnerables y debe ser reconsiderada», expresó Sánchez.
Sobre la Reforma al Poder Judicial, Alejandro Carvajal manifestó que es inviable el cambio de todos los jueces de manera abrupta. Propuso, junto a otros legisladores de Morena, que las sustituciones se realicen de manera gradual y paulatina. Carvajal afirmó que el apartado más polémico de la reforma es el de los métodos de selección de los ministros de la judicatura, ya que actualmente es un proceso de relación entre poderes y se pretende abrir al escrutinio público, permitiendo que los ministros sean electos por voto popular.
Carvajal subrayó que esta reforma no vulnerará los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, ya que se implementará un régimen transitorio que respete los derechos adquiridos de estos empleados. «Debemos apostar por una justicia más transparente y accesible, pero sin afectar los derechos de los trabajadores», concluyó.
